El valor de la multa no compensa los daños a la bahía
Sintracarbón está cada vez más preocupado por la demostrada debilidad del Estado colombiano frente a las multinacionales de la minería, que no solo gozan de protección institucional para explotar los recursos naturales de la Nación sino que también se benefician de su debilidad para actuar en defensa de los colombianos y proteger nuestro patrimonio común.
En la defensa del ambiente, que compromete el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos, el Estado sigue demostrando que acepta cualquier excusa para tener condescendencia con compañías que dejan de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales de operación segura y cuidadosa con la vida y la naturaleza.
Consideramos una bura que el Gobierno haya multado por apenas $6.995 millones a Drummond, responsable del derrame de casi dos mil toneladas de carbón en el mar de Ciénaga, situación ocurrida porque la compañía abusa de la capacidad de sus trabajadores y equipos, no por un accidente inevitable. El Ministerio de Medio Ambiente justifica la sanción en que la afectada tendría que realizar actividades de reparación y educación que contribuirían a disminuir el daño, pero ¿quién la controlará, quién medirá las consecuencias, quién garantizará que las malas operaciones de Drummond no se repitan?
El valor de la multa no compensa los daños a la bahía y el impacto económico y sobre la salud de las comunidades, apenas si sirve como propaganda al Ministerio del Medio Ambiente y a las autoridades ambientales. Hace un año, y por decisión arbitral de la Cámara de Comercio de París, avalada en 2012 por la Corte Suprema de Justicia, el Estado colombiano tuvo que pagar a Drummond la suma de $60.000 millones en un conflicto en el que la carbonera demandó al país ante una corte internacional en reclamo por el cambio de condiciones físicas y contractuales de la línea férrea originalmente de Ferrovías y hoy de Fenoco, compañía subsidiaria de Drummond.
Este proceso ofende la dignidad del país. La demanda fue representada hasta 2006 por Edmundo del Castillo, para entonces abogado de Drummond; un año después, en 2007, el abogado cambió de cargo y asumió la secretaría Jurídica de Palacio, o sea que tenía la responsabilidad de coordinar la defensa del Estado colombiano, que no solo fue condenado por tribuna internacional sino que resultó castigado por la Corte Suprema de Justicia, que debía avalar la condena. ¿Falló la defensa de nuestro patrimonio?
El supuesto daño definido por la Cámara de Comercio de París avalaría pérdidas que Drummond alega por un cambio de contrato, pero no tocó a comunidades, no puso en riesgo la vida de personas, apenas si modificó las condiciones de transporte del carbón que exporta la compañía estadounidense.
Esta paradoja debe alertar a la comunidad de las regiones mineras y a los trabajadores afiliados a Sintracarbón, que estamos llamados a asumir un papel protagónico en la defensa del patrimonio nacional y los derechos ambientales y sociales que el Estado ha renunciado a cuidar, como se demuestra en dos situaciones judiciales en las que las instituciones han demostrado su debilidad y poco interés de proteger al país.
Riohacha, 22 de diciembre de 2013
SINTRACARBÓN
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JAIRO QUIROZ
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