Para este año, la Gobernación de La Guajira estableció $ 64 mil 800 millones de pesos en cuatro líneas de financiación:
1. Subsidios a la matricula para la ampliación de cobertura y retención estudiantil que la Universidad toma para el pago de los docentes (Contratados). $ 13.000 millones que se transfieren de manera semestral mediante un convenio vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, que se efectúa al comprobarse el volumen de la matrícula y el número de alumnos que terminan el semestre respectivo.
2. 18 mil millones del 50% de los recaudos de la estampilla pro desarrollo fronterizo. Cada mes la gobernación realiza una transferencia de $1.500 millones destinados al pago de docentes, investigación y mantenimiento de la infraestructura.
3. $22.800 millones recaudo 100% por la estampilla pro Universidad que se destinan al pago de docentes y ampliación de infraestructura. Transferencia mensual de $ 1.900 millones.
4. Transferencia de $ 11.000 millones por Ley 30 de 1992 que se deben girar anualmente, en dos partidas, al finalizar cada semestre.
A todo lo anterior, cabe resaltar que el departamento de La Guajira al mes de marzo, se encuentra al día en sus responsabilidades en los puntos 2 y 3 anteriormente mencionados, y actualmente tramita los pagos correspondientes al mes de abril equivalente a $3.400 millones.
En consistencia con el convenio firmado y vigente que determina los subsidios educativos, la universidad, de los $13.000 millones recibió un anticipo de $5.500 millones el 5 de mayo de 2015 destinados al pago de los docentes. Antes de finalizar el primer semestre del año en curso a la Uniguajira se le debe cancelar cerca de $1.000 millones previa verificación por parte de la Secretaria de Educación departamental de la cobertura y el grado de retención que la Universidad realiza con los estudiantes subsidiados. En la actualidad, la institución está obligada a disponer de dicha información y sustentar cada uno de los componentes ante la Secretaría de Educación Departamental.
En los recursos de ley 30 de 1992; el departamento mantenía una deuda de más de $ 19.000 millones desde el año 1995, que en los últimos cuatro años se han venido saneando. En esa línea de financiación, la gobernación se encuentra a paz y salvo con la Universidad de La Guajira hasta el año 2013. Se adeuda el año 2014 y lo que va de 2015. Esta administración canceló de Ley 30 los recursos de 2012 y 2013 completamente. La gobernación está disponiendo antes de que finalice el presente semestre cerca de $ 5.000 millones para cancelar el compromiso de 2014 de $ 9000 millones que se le adeuda al alma mater. Reiteramos que el departamento se encuentra realizando todos los esfuerzos fiscales adicionales, para que antes de finalizar el año la gobernación pueda estar al día en esta línea de financiación.
En este sentido, la administración departamental cumple con lo establecido en el Plan de Desarrollo y, de igual forma con los compromisos que tiene con la Universidad de La Guajira. Asimismo, mantendrá su política pública de subsidios a la educación superior a todas las universidades y centro educativos que se encuentran registrados y acreditados ante la Secretaría de Educación; dichos subsidios a todo el sistema ascienden en el año 2015 a $ 20.000 millones, de los cuales la universidad recibirá el 65% de los mismos. Recursos que se encuentran totalmente garantizados presupuestalmente.
En torno a lo expresado por voceros de la Universidad sobre su abstención para tramitar los recursos de gratuidad en el entrante semestre, le informamos que:
· El departamento cumplirá con el convenio firmado el pasado 30 de abril con la Universidad en todas sus partes, que obligan a la gobernación hacer los giros de los subsidios de manera directa, previa comprobación de la cobertura y la retención estudiantil. Este convenio está vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. Igualmente se cumplirá con el resto de los Centros Educativo de nivel superior.
· El departamento cuenta con los recursos para responder financieramente por los subsidios resultantes de una mayor cobertura y retención estudiantil.
Por último, la Universidad el año anterior tramitó una demanda (acción popular) para el reconocimiento de una indexación de los recursos dejados de pagar por Ley 30 de 1992 por el gobierno departamental entre 1995 y 2012, que asciende a $ 28.000 millones. Frente a este hecho, se ha acordado con dicha institución asumir y pagar esta acreencia por fuera de las líneas de financiación de la anualidad a través de su inclusión en el Acuerdo de Saneamiento Fiscal, proceso que actualmente cursa en la Asamblea Departamental a quien por su competencia se le debe solicitar su autorización. Los recursos del programa ya están disponibles en la Fiducia Banco de Bogotá y que se originan en regalías del actual sistema para el pago de inflexibilidades, esfuerzo fiscal que el gobierno departamental hace, sacrificando otros sectores de inversión social.
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